En los últimos años el desarrollo y el crecimiento de nuevas tecnologías electrotécnicas ha motivado una mayor atención por parte de la comunidad sobre la seguridad de los productos eléctricos y electrónicos que se comercializan. Así, comienzan a exigirse estándares mínimos de seguridad a partir de procedimientos de certificación, de cumplimiento obligatorio, los cuales tienen por objeto principal garantizar la integridad física de las personas inexpertas en materia de seguridad eléctrica, y no así la calidad de estos elementos, que sigue siendo una consideración exclusiva del consumidor.
En este sentido, la existencia de estándares mínimos juegan un rol fundamental en el desarrollo de la industria, los negocios y el comercio de un país, por cuanto los mismos constituyen las herramientas básicas que garantizan el acceso y la permanencia en los mercados nacionales e internacionales para aquellos productos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos mínimos esenciales, por un lado, y la protección del consumidor y el medio ambiente, por otro.
Sumado a ello, la liberalización y la globalización de los mercados han ido cambiando los patrones que rigen el intercambio de productos, promoviendo la eliminación de las barreras comerciales (cuotas, derechos, aranceles) como así también las diferencias técnicas existentes en los estándares de calidad y seguridad definidos, ambos en favor de un comercio leal y sin restricciones. Estos principios no se basan en el uso compulsivo de estándares industriales impuestos de facto, sino por el contrario en la discusión técnica, en la cooperación y el consenso a nivel nacional e internacional.
Reconociendo la necesidad de participar crecientemente en los mercados internacionales; de producir bienes que cumplan con los estándares de calidad y seguridad internacionalmente aceptados; de proteger a la comunidad de prácticas comerciales desleales como aquélla que surge de comercializar bienes que puedan comprometer la seguridad del consumidor, la Ex -Secretaría de Industria Comercio y Minería de la Republica Argentina, ha establecido un sistema de certificación de productos eléctricos de baja tensión, que adhiere a los principios mundialmente reconocidos y adoptados, a través de la Resolución N° 92/98