La seguridad de un producto eléctrico, no debe quedar a elección del consumidor. Para el usuario o consumidor de equipamiento eléctrico y electrónico, la decisión de compra mayoritariamente  encuentra sustento en las reglas del precio, de marca, de estética, del packaging, etc, etc. y dudosamente el consumidor de electrotecnología analizara el producto en términos de los niveles de calidad y seguridad que este pueda ofrecer. En síntesis: “si algo está la venta es porque alguien lo controlo, por lo tanto, se puede consumir”. Ante este lógico e inamovible razonamiento del comprador, en las góndolas solo deben ser expuestos productos que verdaderamente son seguros, de modo que el consumidor concentre su decisión en los atributos normales y fáciles de percibir.

En los últimos años, los riesgos asociados al material eléctrico de consumo doméstico, ha encontrado un nivel optimo de seguridad, gracias a que todo el mercado electrotécnico evoluciono como resultado de operar bajo distintos modelos de evaluación de la conformidad, bajo regulaciones especificas.

La mayor influencia para generar los grandes cambios tecnológicos que hoy se disfrutan  al consumir únicamente productos seguros, responde a decisiones de Estado que al igual que en otros países, progresiva e inteligentemente se aplicaron para descentralizar y minimizar la  intervención directa de los organismos Estatales, para pasar a esquemas de evaluación de la conformidad que supervisados por el Estado, son aplicados por organismos públicos, privados o  mixtos. Estos esquemas se establecieron en Argentina mediante la implementación de la Res. 92/98 y accesorias de la Ex.SICyM (1). Como consecuencia, el mercado global ha incrementado la  demanda de los procesos de certificación como herramienta de gestión que apoya la globalización y el libre intercambio de productos, pero solo cuando estos garanticen su seguridad mediante la  realización de ensayos específicos, que deben ser realizados por organizaciones expertas en la aplicación de normas técnicas.